Hay decisiones que retratan a un Gobierno más que cualquier discurso.
Y lo que ha hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el caso de Ángela Agudo y, en contraste, con la reciente flotilla pro-palestina, es una de esas fotografías políticas imposibles de borrar.
El 6 de octubre de 2024, Ángela, una joven valenciana de Godelleta, sufrió un gravísimo accidente de moto en la isla tailandesa de Koh Tao. El golpe le provocó un traumatismo craneoencefálico severo que la dejó en coma. Fue ingresada de urgencia en un hospital de Samui, donde los gastos médicos ascendían a 5.000 euros diarios. En pocos días, la cobertura del seguro quedó desbordada.
Su familia, desesperada, solicitó ayuda al Gobierno de España. Un avión medicalizado militar hubiera podido traerla a casa, como ya había ocurrido en otros casos. La respuesta fue un portazo: no habría avión del Estado. Ni Defensa (Margarita Robles), ni Exteriores (José Manuel Albares), ni el propio presidente Sánchez consideraron que mereciera la pena movilizar recursos.
Crowdfunding ciudadano frente al abandono institucional
La familia se vio obligada a iniciar una campaña de crowdfunding. Los españoles, esos que este Gobierno desprecia pero exprime a impuestos, recaudaron más de 300.000 euros para pagar un avión medicalizado privado. Costó exactamente 240.890 euros. Las facturas médicas y de traslado fueron publicadas con total transparencia. Lo que sobró se donó a la Fundación Ángel Nieto. Mientras tanto, el Gobierno guardaba silencio.
Ángela llegó finalmente a España. Ingresó en el Hospital La Fe de Valencia. Allí, medio año después, lucha por salir adelante. Su evolución es lenta, dura, pero su familia no pierde la esperanza. Han compartido cada paso: la retirada de la traqueotomía, la respiración natural recuperada, la apertura de un ojo. Una vida suspendida entre la tragedia y la esperanza. Una vida que el Gobierno de España abandonó.
La flotilla pro-Hamás: cuando sí hay recursos públicos
Ahora miremos el contraste. Este mismo Ejecutivo, que dejó sola a una ciudadana en coma y a su familia desangrándose económicamente, no ha dudado en enviar un buque de guerra para acompañar a una flotilla de activistas pro-palestinos. Gente que ondea con orgullo la bandera de Hamás, organización terrorista responsable de la tragedia del pueblo palestino, que asesina, secuestra y convierte en rehenes a inocentes. Una expedición que más parece un crucero ideológico, un show propagandístico en el Mediterráneo.
Y ahí sí: ahí estaba el Gobierno, pero no el Estado. Porque el Estado es otra cosa. El Estado somos todos, es la estructura común que debería proteger y representar a cada ciudadano sin distinción. Lo que se vio allí fue este Gobierno Frankenstein, un Ejecutivo de intereses cruzados y lealtades partidistas que ha confundido el servicio público con la propaganda política. El Estado no escolta flotillas ideológicas; quien lo hace es un Gobierno que se ha apropiado de lo que es de todos para ponerlo al servicio de unos pocos.
Poder que se reparte y poder que se cobra
Este Gobierno no es de España. Es de Pedro Sánchez, que reparte poder como moneda de cambio; de José Manuel Albares, que convierte la diplomacia en propaganda partidista; de Margarita Robles, que utiliza a las Fuerzas Armadas como decorado ideológico; de Yolanda Díaz, que compra apoyo con concesiones económicas; de Ione Belarra e Irene Montero, que viven de subvencionar su agenda sectaria.
Y es también el Gobierno sostenido por quienes reciben ese botín político: por Arnaldo Otegi, que cobra en impunidad y blanqueo histórico; por Gabriel Rufián, que arranca privilegios para su causa separatista; por los nacionalistas vascos, que negocian cada voto a cambio de más competencias; por Bildu, herederos de ETA y hoy premiados con legitimidad institucional. Todos ellos son los beneficiarios de un sistema podrido que se alimenta de concesiones mutuas: unos dan poder para seguir en la Moncloa; los otros lo aceptan a cambio de destruir desde dentro la idea misma de España.
Mientras Ángela y su familia rogaban por un avión, estos mismos socios celebraban en el Congreso los acuerdos que les daban privilegios territoriales, prebendas políticas y hasta la llave de la gobernabilidad. Mientras la sociedad civil rascaba sus bolsillos para salvar a una joven en coma, Sánchez jugaba a estadista mundial, prometiendo apoyo a causas extranjeras que le permiten posar para la foto.
España se ha convertido en eso: un país donde el dinero público sirve para pagar propaganda sectaria, pero no para rescatar a los ciudadanos que lo necesitan. Donde un buque de guerra se envía para escoltar pancartas, pero no un avión para salvar vidas. Donde la solidaridad del pueblo sustituye la desidia del Estado.
Esto no es política exterior. Esto no es solidaridad. Esto es traición. Traición a lo más elemental: el deber de un Gobierno de proteger a sus ciudadanos. Y cuando un Ejecutivo decide que una vida española no merece los medios que sí regala a agitadores ideológicos, ese Gobierno deja de ser legítimo moralmente.
Margarita Robles deberá responder algún día por qué no se autorizó ese avión militar. José Manuel Albares deberá explicar por qué su ministerio lavó las manos mientras una familia imploraba ayuda. Pedro Sánchez deberá asumir que abandonó a Ángela porque no le daba rédito político. Y todos los socios —de Yolanda Díaz a Otegi, de Rufián a Belarra— deberán ser señalados como cómplices de un sistema que solo actúa cuando conviene a su relato.
Un Gobierno que trata así a su gente no merece llamarse Gobierno de España. Merece llamarse régimen de partido, porque ya no representa a un país, sino a un bando. Y cuando un Estado se dedica únicamente a proteger a quienes le aplauden y castigar a los neutrales, ese Estado ya no es democracia: es sectarismo institucionalizado.
Por eso este episodio no se olvidará. Porque simboliza la esencia del sanchismo: propaganda para los suyos, abandono para los de todos. Un buque para los suyos, ni un avión para los de todos.
Y que quede claro: este Gobierno deberá pagar, política y personalmente, por haber convertido el dinero público en un instrumento de partido y por haber abandonado a una ciudadana española en el momento más crítico de su vida. Porque no todo vale, aunque ellos crean que sí. Porque la dignidad de un país no se vende, ni se alquila, ni se somete a cálculo electoral.
La historia recordará este contraste. Y lo recordará con nombres y apellidos.
✍ Domingo Martín
