El Constitucional nació en 1978 como garante de la Constitución, pero su independencia ha sido erosionada. El PSOE ha influido en su composición y resoluciones para favorecer su agenda política, convirtiéndolo en una herramienta clave para sus intereses.
El Tribunal Constitucional de España nació con la Constitución de 1978 como garante de la supremacía constitucional, un órgano independiente cuya misión era controlar la constitucionalidad de las leyes y resolver conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Sin embargo, con el paso de los años, ha sido objeto de una preocupante politización, especialmente bajo los gobiernos del PSOE, que han utilizado su influencia para modificar su composición y condicionar sus resoluciones.
De árbitro a actor político
Durante las primeras décadas de democracia, el TC cumplió con su cometido de manera razonablemente independiente, desempeñando un papel clave en la configuración del Estado autonómico. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar a medida que los partidos políticos, y en particular el PSOE, entendieron la importancia estratégica de controlar este órgano.
Uno de los episodios más reveladores de esta manipulación tuvo lugar en 2010 con la Sentencia 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El TC, ya sometido a tensiones políticas, terminó recortando importantes preceptos del Estatuto aprobado en referéndum, generando una fractura política que sería explotada posteriormente por el independentismo. El PSOE, con su afán de contentar a sus socios nacionalistas, utilizó su influencia para frenar las consecuencias de esta sentencia sin resolver el problema de fondo.
La reforma de 2007 y el control del amparo constitucional
En 2007, bajo el gobierno de Zapatero, se reformó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) introduciendo el concepto de “relevancia constitucional” en el recurso de amparo. Esta medida, presentada como una solución a la sobrecarga de trabajo del tribunal, en realidad permitió un mayor control sobre qué asuntos llegaban al TC, reduciendo el acceso ciudadano a la justicia constitucional y favoreciendo la selección política de los casos.
El Tribunal Constitucional y el “procés”: del freno al colaboracionismo
La deriva política del TC se hizo evidente con el proceso independentista en Cataluña. Durante la crisis de 2017, el tribunal cumplió con su función anulando las leyes de desconexión aprobadas por el Parlamento catalán. Sin embargo, el PSOE, en su afán de recuperar el apoyo de los independentistas, impulsó reformas legales que afectaron directamente a la acción del TC.
En 2022, con Pedro Sánchez en el poder, se promovió una reforma exprés del Tribunal Constitucional para acelerar la renovación de magistrados afines, forzando la salida de aquellos considerados “incómodos”. Esta jugada permitió que el PSOE garantizara un TC favorable a sus intereses, asegurando la viabilidad de medidas polémicas como la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación, lo que benefició directamente a los líderes independentistas condenados por el 1-O.
La eliminación de controles y la sumisión institucional
La reforma exprés del TC en 2022 se produjo tras el bloqueo impuesto por el Gobierno al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), impidiendo su renovación para condicionar el nombramiento de nuevos magistrados. Esta estrategia buscaba eliminar cualquier tipo de contrapeso al poder ejecutivo, asegurando un tribunal alineado con los intereses del PSOE y sus socios.
Además, el TC ha intervenido en asuntos clave como la legalidad del estado de alarma durante la pandemia, evidenciando un sesgo favorable al Gobierno. La anulación parcial del confinamiento domiciliario y las restricciones impuestas fueron cuestionadas, pero la nueva composición del tribunal se ha mostrado menos beligerante frente a decisiones gubernamentales controvertidas.
Un tribunal sometido a los intereses del PSOE
Lejos de ser un órgano independiente, el Tribunal Constitucional se ha convertido en una herramienta al servicio del PSOE para garantizar la aplicación de su agenda política sin los controles que debería ejercer la justicia constitucional. La instrumentalización del TC no solo erosiona la separación de poderes, sino que también pone en riesgo el equilibrio institucional y la confianza ciudadana en la justicia.
El Tribunal Constitucional debería recuperar su función original como árbitro imparcial, lejos de la manipulación partidista que lo ha convertido en un instrumento de poder. De lo contrario, su legitimidad seguirá en entredicho y con ella, la estabilidad del sistema constitucional español. @mundiario
