Un Gobierno a salto de mata: gobernar para sobrevivir, no para el país

España lleva tiempo instalada en una forma de gobernar marcada por la improvisación, el corto plazo y una obsesión casi exclusiva por la supervivencia política. El actual Gobierno no solo no ha corregido esa deriva, sino que la ha llevado a su máxima expresión. Cada decisión relevante parece responder menos a lo que necesita el país y más a la aritmética parlamentaria del momento.

No hay proyecto. Hay resistencia.

La última muestra de esta manera de hacer política es la propuesta de regularización masiva de inmigrantes en situación irregular, presentada como una medida humanitaria y progresista, pero que en realidad responde a una necesidad mucho más prosaica: asegurar los apoyos parlamentarios necesarios para seguir en La Moncloa.

Regularizar sin pensar: cuando la ideología sustituye a la política

Conviene decirlo con claridad: nadie discute que muchos inmigrantes tienen todo el derecho del mundo a una regularización justa, ordenada y basada en criterios razonables. España ha sido históricamente un país de emigrantes y de acogida. Pero una cosa es una política migratoria seria y responsable, y otra muy distinta es una regularización masiva con requisitos mínimos, sin planificación ni evaluación previa de sus consecuencias.

Numerosos expertos en inmigración, seguridad y cohesión social lo advierten desde hace tiempo: medidas de este tipo generan un claro efecto llamada. Las mafias que trafican con personas no tardarán en difundir el mensaje de que en España basta con llegar para quedarse. No es una hipótesis ideológica, es una realidad conocida.

El problema es que estas decisiones no se toman pensando en el impacto sobre los servicios públicos, el mercado laboral o la convivencia social. Se toman pensando en el titular inmediato y en el voto que garantiza la supervivencia del Gobierno.

Y en este debate conviene no mirar solo al Gobierno.

De Vox, en realidad, poco hay que decir: para ellos la inmigración es un pecado en sí mismo, sin matices ni distinciones; todos en el mismo saco y punto final. Una posición simple para un problema complejo. En cuanto al Partido Popular, su postura resulta tan cambiante como imprecisa: según el día y el escenario, parece ir y venir sin una línea clara, atrapado entre no incomodar a unos y no perder a otros. Mucho ruido, pocas propuestas y ninguna alternativa sólida que permita abordar la inmigración con seriedad y responsabilidad.

El doble discurso catalán y el precio del poder

Pero la incoherencia no acaba ahí. Mientras se impulsa una regularización masiva a nivel nacional, el Gobierno negocia con sus socios catalanes la cesión de las competencias en inmigración. Y no solo con quienes se autodenominan progresistas, sino también con aquellos que nunca lo han sido ni han pretendido parecerlo. Todos coinciden, sin rubor, en el mismo mensaje: no quieren más inmigrantes en Cataluña; que se queden en otros lugares de España.

Una postura abiertamente insolidaria que el Ejecutivo acepta sin discusión. Y lo más grave: ni siquiera se lleva al Parlamento. No hay debate, no hay contraste de argumentos, no hay control democrático. Se aprueba directamente, al margen de la Cámara. Aquí no se discute: se impone.

Gobernar no es aguantar

Este Gobierno ha sustituido la política por el apaño permanente, la planificación por la ocurrencia y el interés general por la necesidad de mantenerse en el cargo a cualquier precio. Todo vale si permite ganar un día más.

De socialista le queda poco. Es más bien un gobierno de socialistos: mucha consigna, mucho relato y muy poca responsabilidad institucional.

España tiene problemas reales y profundos: demográficos, económicos, territoriales y sociales. Afrontarlos exige debate, rigor y visión de país. Lo que no se puede hacer es gobernar a salto de mata, improvisando cada decisión y cargando las consecuencias sobre generaciones futuras.

Porque gobernar no es resistir.

Gobernar es decidir pensando en el país.

Y eso, hoy, brilla por su ausencia. @mundiario