No digo que fuera una soldadura. Digo que fue un Gobierno ausente

No digo que la causa del descarrilamiento de Adamuz fuera una soldadura mal ejecutada.
No digo que el tren de Iryo arrastrara nada extraño, ni una pieza suelta, ni un objeto metálico, ni un descuido convertido en proyectil ferroviario.
No lo digo.

Lo que sí digo es que el raíl se rompió.
Y que se rompió justo donde un vagón decidió abandonar la vía, llevándose detrás a los demás como quien tira de un mantel mal puesto en una mesa de porcelana.

Casualidades. Siempre casualidades.

La investigación técnica dirá si fue el raíl número 23117, si la soldadura falló, si el metal estaba fatigado o si alguien miró para otro lado cuando no debía. Todo eso lo dirán los informes, los peritos y las comisiones, que para eso están: para llegar tarde pero con membrete.

Lo que no necesita informe alguno es esto:
el Gobierno español llevaba 15 meses incumpliendo una directiva europea clave de seguridad ferroviaria.

Quince meses.
No quince días.
No quince horas.
Quince meses completos de pasividad, de dejadez y de “ya si eso”.

El 17 de octubre de 2024 expiró el plazo para transponer la Directiva europea de Resiliencia de las Entidades Críticas, una norma que obliga a reforzar la seguridad de infraestructuras esenciales frente a sabotajes, amenazas internas, fallos tecnológicos, fenómenos naturales o ataques deliberados.
Trenes incluidos.
Vías incluidas.
Raíles incluidos.

Pero el Gobierno decidió que Europa podía esperar.

Bruselas dio un ultimátum en julio.
España miró al techo.
Como con la dana.
Como con todo.

Esta directiva obliga a evaluar riesgos reales, a hacer inspecciones ‘in situ’, a exigir planes de resiliencia, a poner recursos, a sancionar incumplimientos.
No obliga a inaugurar nada.
No da titulares.
No permite cortar cintas.
Así que se dejó en un cajón.

Y entonces un raíl se rompe.

No sabemos si la directiva habría evitado la tragedia. Nadie serio lo afirma.
Pero sí sabemos algo peor:
habría obligado a hacer preguntas incómodas antes, no homenajes después.

Habría exigido inspecciones periódicas.
Habría obligado a documentar vulnerabilidades.
Habría puesto responsabilidades claras sobre gestores públicos y empresas privadas.
Habría hecho que alguien firmara algo más que condolencias.

Hoy tenemos ministros compareciendo con gesto grave, voz lenta y mirada compungida.
Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente, serios como estatuas de cera, explicando que “se llegará hasta el final”.
Siempre se llega hasta el final.
El problema es que el final nunca llega a ellos.

Mientras tanto, los raíles no votan, no protestan y no salen en rueda de prensa.
Se rompen.
Y cuando se rompen, matan.

No digo que el descarrilamiento de Adamuz tenga un único culpable.
Digo algo más sencillo y más grave:
había una obligación legal de reforzar la seguridad y no se cumplió.

Y cuando un Gobierno incumple durante 15 meses una norma europea de protección crítica, no es un accidente.
Es un estilo.
Una forma de gobernar.
Una costumbre.

El raíl 23117 se partió.
La responsabilidad política ya estaba partida de antes.

Y eso, casualmente, tampoco descarrila nunca.